En apoyo a Garzón

Pasé cinco años de mi vida en la Facultad de Derecho de Valencia. No renunciaré a ellos pero fueron realmente aburridos en la parte docente. Conocí gente maravillosa pero no puedo decir lo mismo de los profesores. Y eso que yo tuve suerte porque en la linea en valenciano casi siempre aparecían los docentes más progresistas e innovadores. Tras acabar cuarto ya tenía claro que no me gustaba el Derecho. Hice quinto por inercia pero sabía que no iba a ejercer. Esa facultad y esa manera de enseñar y ejercer el Derecho que se aprendía entonces eliminaba cualquier posibilidad creativa. Era una mera transposición matemática de silogismos para torpes e hijos de padres ricos y torpes, repeticiones de sentencias y argumentaciones doctrinales o jurisprudenciales. Poco sitio para pensar un poco. 

Fue el juez Garzón el que años después me devolvió un cierto interés por el Derecho. Garzón era innovador y creativo. Era capaz de montar una nueva arquitectura jurídica que no fuera de copiar y pegar. Quizá era lo que yo una vez quise ser. 

En España el talento se paga y se penaliza. Sin ir más lejos, el ministro Wert de Educación hablaba esta semana de la antiexcelencia. Los antiempollones de clase se ríen siempre de aquel que muestra interés y habilidad en una materia. Y eso no ocurre solamente en clase. Todos sabemos que España es así. 

Aún así hoy he vuelto hoy a clase para volver a entregar un trabajo. El análisis de un proceso penal de prevaricación. Ya veremos qué nota saco. 

El análisis se corresponde con un proceso de prevaricación contra B.G. por establecer escuchas telefónicas entre los imputados de un caso de corrupción y sus interlocutores entre los que se encontraban sus abogados defensores. Se dan las siguientes circunstancias: 

En cuanto al contexto de situación se establece que se trata de una primera investigación por casos de corrupción política que afecta directamente al partido en el gobierno en el momento de la sentencia. El juez acusado obtiene amplias dosis de notoriedad al haber establecido doctrinas creativas en la lucha internacional por los Derechos Humanos y en la nacional por delitos de genocidio contra el regimen fascista.  Esa notoriedad había granjeado la antipatía de amplios sectores de su segmento profesional. Así, eran frecuentes las frases en el Tribunal Supremo de que "había que acabar con las Garzonadas". Esta interpretación de "linchamiento profesional o político" la recogen el New York Times y The Guardian. Se trata de dos periódicos de diferente ideología y diferente país pero de vanguardia mundial. Recordemos que durante las horas posteriores a los atentados del 11M fue la prensa internacional -entre ellos estos dos- los que alertaron de la mentira que se intentaba hacer creer a la ciudadania. Esta circunstancia nos alerta del grado de libertad con el que escriben ambos medios.

En el proceso detecto algunas cuestiones anómalas que con los materiales de la asignatura resulta difícil resolver: 

El juez que ordena las escuchas es condenado por prevaricación. El juez que ordena su continuación no. 
Las escuchas son anuladas. No existen precedentes de utilización de unas escuchas que luego sirvan para acusar a alguien de prevaricación. Anteriormente la anulación de las escuchas era suficiente "reproche" para el juez. 
Al estar las escuchas anuladas no perjudicaban a la causa principal. La condena por prevaricación abre un amplio abanico de posibilidades para hacer caer la causa principal. 
El meollo de la cuestión parece encontrarse en el hecho de la vulneración del derecho de defensa. A tal efecto se aduce que no existían indicios de que se estuviera cometiendo el delito de blanqueo de capitales por parte de los imputados ya en prisión. Sin embargo el propio tribunal impide la presentación de estas pruebas. Incluso me atrevería a decir que debería ser el propio tribunal el que probara que las escuchas se hicieron a sabiendas de la no existencia de indicios y además debería probar que el derecho de defensa se resintió. No siendo suficiente una mera presunción de resentimiento por la mera escucha. En el proceso penal existe el principio "in dubio pro reo" -en caso de duda se favorece al reo- y las presunciones son inexistentes.
Pero es que además, las grabaciones están permitidas por la ley. En el artículo concreto de la Ley General Penitenciaria se mencionan los casos de terrorismo y después introduce una cláusula que lo admite para otros casos. Siempre bajo tutela judicial, con garantias procesales y con respeto al derecho de defensa. B.G cumple las tres cosas: lo hace bajo tutela judicial, establece garantías procesales e incluye la cláusula "previniendo el derecho de defensa". El tribunal no considera suficiente esta cláusula genérica sino que B.G debería haber incluido órdenes concretas para evitar la grabación absoluta de las conversaciones. El tribunal hila muy fino para la conducta de B.G pero pierde una oportunidad evidente de delimitar los supuestos de escuchas teléfonicas entre abogado y cliente. Pide una cosa que no es capaz de ofrecer. El tribunal no consigue probar un menoscabo concreto del derecho de defensa sino una "agresión abstracta". Eso es hilar muy fino teniendo en cuenta que resulta imposible grabar las conversaciones de una sola de las partes. Lo que se ordena es la grabación de los imputados pero no se puede elminar una parte de la conversación sin grabar la conversación entera. Además el propio B.G. junto con el Ministerio Fiscal elimina y criba algunas escuchas a posteriori por ser meramente personales o sin trascendencia. Otros ejemplos de escuchas recientes los encontramos en el caso Marta del Castillo donde se intervienen todas las comunicaciones de Miguel Carcaño para saber donde se encontraba el cuerpo. Nadie ha considerado hasta ahora que se vulnerara el derecho de defensa. En el caso que nos ocupa sí. 

Según se deduce de los materiales de la asignatura la probabilidad en  España de ser condenado por prevaricación es de una entre siete millones de resoluciones judiciales. Llama la atención que B.G esté inmerso en tres. Llama la atención también que el instructor de uno de ellos forme parte del tribunal que determina la fase oral en otro de ellos y no se admita la recusación. El tribunal argumenta que no es causa suficiente instruir un caso sobre un acusado para no poder juzgarlo en otro. Esa argumentación parece sólida para delitos diferentes y personas no aforadas. No para el mismo delito y  un compañero de profesión. 

Además, la prevaricación exige una interpretación de la ley completamente alejada de cualquier interpretación lógica,  una interpretación absolutamente extravagante. Parece lógico que para determinar la lejanía y la extravagancia se acuda a los acompañantes jurídicos del proceso. Cuando el juez determina las escuchas el Ministerio Fiscal no muestra ningún tipo de oposición, es más, participa en la criba de conversaciones. Incluso cuando B.G es apartado del caso el juez que le sustituye continua con las escuchas. Como mínimo, parece que la interpretación de B.G. no fue completamente ilógica o extravagante. La anulación de las escuchas es un indicio de error pero no de intención o dolo. 

La condena de B.G. se produce sin acusación del Ministerio Fiscal, por unanimidad y con un contenido con altas dosis de selección léxica valorativa y peso de reproche. La frase "hay que acabar con las garzonadas planea" sobre todo esto. No era suficiente la condena sino que el tribunal menciona "regímenes totalitarios" en claro contraste con la persecución pro derechos humanos que realizó B.G. contra el dictador y asesino Pinochet. Esa selección léxica y alto grado de reproche parece impropia de una sentencia en un ámbito tan corporativo como el judicial y un órgano como el Tribunal Supremo de un estado avanzado. De hecho, recientemente el propio tribunal no consideró prevaricación sino cohecho recibir dinero de una parte implicada para obtener una mejor resolución sin entrar a valorar si esta recepción de dinero se había reflejado en la resolución. En España hay 8 condenas por prevaricación en 16 años. El corporativismo habitual del mundo judicial cruje en este caso y lo hace para abrir una brecha y expulsar a B.G. de la carrera. Por poner un ejemplo del corporativismo habitual, el juez Tirado (caso Mariluz) que tardó cuatro años en dictar sentencia contra Santiago del Valle antes de que matara a  la niña fue sancionado con 1.500 euros de multa.


Por todo ello me parece que el Tribunal Supremo incurre en serio riesgo de pérdida de crebibilidad en cuanto a su imparcialidad. La arquitectura de la decisión parece inversa de manera que primero se decide la conclusión y luego se articula la argumentación. Y para ello se escogen deliberadamente las interpretaciones más desfavorables al reo en cada apartado incluso con ciertas contradicciones como el uso de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece también excepciones a la imposibilidad de grabar conversaciones entre imputado y abogado defensor.

Con todo esto Montesquieu se nos cae encima. El ejecutivo dirigido por un ente abstracto llamado mercado, el legislativo sesgado por una ley electoral no representativa y el judicial bajo sospecha de denigrar a quienes se atreven a meterse en asuntos espinosos. El mundo jurídico como lo conocíamos tiene los pies de barro. 

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