El sigiloso y misterioso caso de la Operación Flotador

La política en Sagunt es de por sí "interesante" en términos proverbiales pero el análisis de la Operación Flotador se interna en lo apasionante para acabar en lo enigmático. La Operación Flotador (un saludo para el que pone los nombres de las operaciones) es una iniciativa judicial que persigue prácticas irregulares en la administración del dinero público en el Ayuntamiento de Sagunto. En esencia buscan fraccionamientos de contratos para saltarse la Ley de Contratos. Se investiga a concejales, exconcejales, funcionarios y empresas. Y se ha convertido en una rara avis de los casos de investigación de tramas de corrupción por su escrupuloso sigilo y su gran misterio. 
¿Qué es corrupción y qué no? La corrupción es un fenómeno difuso, sin un perímetro claro. Uno de los grandes subterfugios para salvar los casos investigados es precisamente la definición de corrupción. A día de hoy no sabemos con precisión qué es la corrupción. No sabemos qué conductas entran en el catálogo de la corrupción y qué conductas son errores, horrores o favores personales. Por lo tanto no podemos saber cuándo un político es corrupto y difícilmente podemos fijar un perímetro legal para la dimisión o el reproche social.
El caso de Sagunto es un buen caso para dirimir estas cuestiones. La Ley de Contratos Públicos fija unos importes para la designación directa de contratos y otros para el concurso de varias empresas por el contrato. Uno puede fraccionar un contrato para dárselo a una empresa concreta básicamente por dos motivos. El primero es la comodidad y la confianza. La Ley de Contratos públicos obliga a darle el contrato a quien presenta la oferta más baja (habitualmente) lo que no siempre significa que esa empresa sea confiable ni que su proyecto sea el mejor. Eso puede hacer al político optar por fraccionar para una designación directa de manera que sepa que ese proyecto se lleva a cabo por alguien de confianza y con capacidad y competencia. El otro motivo es recibir algo a cambio de hacerlo. En los dos casos existe una irregularidad administrativa pero el reproche moral y social no es del mismo nivel. En el segundo caso la clave es demostrar que hay un quid pro quo, es decir, que la persona que administra el dinero público toma la decisión de contratación influenciado por algo que recibe a cambio.

Recientemente ha habido detenciones y toma de declaración a un concejal y varios funcionarios por presuntamente haber usado conceptos salariales para finalidades no previstas. Es indudablemente una irregularidad pero la pregunta es ¿eso es corrupción? Y ¿debe dimitir alguien que ha cometido una irregularidad con su salario profesional-personal?

El silencio de los flotadores

En esta investigación llama la mucho la atención el sigilo con el que se gestiona todo. La mayor parte de investigaciones sobre corrupción generan mucho ruido mediático, político y social. En este caso sucede algo inusual: mucho silencio.


  • Silencio por parte de la parte judicial. Lógico por estar bajo secreto de sumario pero poco habitual por lo frecuente de las filtraciones. Sin embargo, cuando se rompe el silencio se rompe con extrema precisión. Hay que leer los comunicados de prensa del TSJ con bisturí para construir entre lineas una versión coherente sobre lo que dicen y lo que no dicen. Son estallidos comunicativos tras los que sigue un eco extremo que se pierde en un acantilado de miradas cómplices. 
  • Silencio en la parte política. Parece existir una insólita gestión del silencio político y un gran consenso político en el paraguas de la presunción de inocencia. Todos los partidos parecen interesados o simplemente paralizados ante la gestión de este caso. Las razones pueden ser variadas, desde la responsabilidad hasta el miedo pasando por el equilibrismo político. La cuestión es que ni siquiera los habituales agitadores de la política saguntina parecen interesados en "mover" el tema. 
  • Silencio en la parte mediática. La información local es compleja porque se conoce personalmente a los actores principales de las historias y eso hace que la impoluta objetividad quede en una quimera. Conoces a las personas y eso te contamina a la hora de digerir algunas noticias. La cautela se impone por lazos emocionales y solamente cuando la información es patente sale a la luz. Además los medios no son muchos como para hacer investigación periodísticas por lo que la comunicación de parte se convierte en la fuente principal. Las cosas se cuentan pero en su esqueleto. El músculo de la noticia (el hilo conductor interpretativo) queda fuera. 
  • Silencio en la parte social. El asombro y la intriga parecen ser el denominador común de esta situación de la ciudadanía ante todos los silencios anteriores. La reacción social en un pueblo acostumbrado a movilizarse incluso por códigos postales o cazas de patos en sus fiestas patronales no parece estar demasiado pendiente del tema. Más bien mira de reojo. La sociedad civil tampoco se ha manifestado sobre el tema. Todo parece escrito en clave de mutis por el foro. 


La versión política. 

Lo cierto es que uno de los primeros detenidos ha sido un concejal del PSOE. Este concejal se encuentra liberado y sin delegaciones lo que de por sí ya constituye una anomalía política y presupuestaria. Representó uno de los obstáculos más importantes para el pacto del cuatripartito (Compromís, Esquerra Unida, "Podemos" y PSOE). Es trabajador del Ayuntamiento y se le investiga por el uso de un concepto salarial fraudulento. El PSOE de Sagunt es un partido hundido. En las últimas elecciones obtuvo el peor resultado en veinte años con esa persona de candidato. El PSOE no le ha pedido la dimisión de momento. Es difícil dirimir si una persona investigada por hacer cosas con su nómina debe dimitir políticamente. Solamente los países del norte de Europa hilan tan fino. Los países latinos es otra cosa. Parece existir un cierto grado de engaño, pillería y mentira permisible. Históricamente se ha llamado "picaresca". El perímetro es difuso. Las líneas rojas son más bien gruesas y no queda claro cuando alguien debe dimitir y las conductas personales (conducir borracho, infidelidades, conductas en los negocios, prácticas fiscales irregulares o falseamientos de currículums) dependen mucho de que te pillen y del interés que despiertes en ese momento.
En todo caso, llama la atención el coro silencioso de susurros sobre el tema. Las declaraciones escasean y las que hay son frágiles y delicadas. Por ejemplo, el Alcalde de Sagunt ha calificado los hechos de "malentendido", al menos eso "espera". Todo parece bastante sigiloso por todas las partes implicadas.
La respuesta de casi todos los investigados desde Camps - que fue el primer mártir de la corrupcíon valenciana- es siempre la misma: hay una conspiración política y todo fue legal. Esto no nos permite ir mucho más allá. Se menciona la "vendetta" política y se prometen nombres pero no de momento.

Más sigilo. El secreto de sumario trasciende a la política. Quizá debería ser así, movernos en la pulcritud del respeto a las investigaciones en marcha aunque eso nos obligaría a esperar décadas para exigir responsabilidades políticas. ¿La responsabilidad política debe ir ligada a una condena judicial? ¿La presunción de inocencia es la presunción de decencia? ¿Cuándo debe dimitir un político? ¿Cuál es el listón? ¿Existen los pecados veniales en corrupción? ¿Qué es la corrupción?

La investigación judicial. 

La investigación judicial también está siendo peculiar. Las investigaciones de irregularidades administrativas no deben ser sencillas y nuestra justicia gratuita y universal no tiene medios para ser además rápida. La entrada en el Ayuntamiento fue casi una redada de CSI Las Vegas acompañada de ruido mediático. Después se hizo un absoluto silencio y ahora se descuelgan con algunas detenciones por usar 300 euros anuales en cosas que no eran las previstas (uniforme laboral). Si finalmente, eso es todo lo que encuentran, está claro que existe una enorme desproporción entre el despliegue policial y el resultado final con lo que alguien deberá explicar algunos porqués.
También la comunicación judicial es curiosa porque mezcla menciones extraordinariamente concretas y precisas (nombres y delitos) con abstracciones demasiado difusas. Es un tipo de comunicación como mínimo curiosa. De la iniciativa policial se esperan otros resultados al menos proporcionales al despliegue. Si todo queda en "cuatro trajes" o 300 euros en uniformes habrá que meter la lupa en las finalidades de un tipo de investigación así. Y si la cosa va a más, la lentitud judicial no está haciendo un gran favor al nombre de una ciudad que quiere presentarse a Patrimonio de la Humanidad. Precisamente las investigaciones se centran en Urbanismos y Actividades y quizá la Unesco tenga interés en conocer determinadas praxis que deberían aclararse lo antes posible. Mal momento para una investigación larga.


Lo que está claro es que de esta operación solamente saldrá a hombros el que la bautizó. Quizá algún día sabremos por qué se llamó Operación Flotador. Quizá sea porque aparecen pateras políticas, quizá sea porque todo se resolvía en comidas en restaurantes que aumentaban el flotador de los asistentes, quizá sea porque acaba por desinflarse, quizá sea porque los flotadores se lanzan al agua como los patos pero no nos preocupan tanto, quizá sea porque flotar es ir a la deriva sin más horizonte que no hundirte.


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